Detalle del libro
Ver Índice
NOTA PREVIA.
ABREVIATURAS.
PARTE I. JURISDICCIÓN Y PROCESO EN EL ORDEN SOCIAL.
CAPÍTULO I. Orígenes y evolución del proceso laboral.
CAPÍTULO II. La solución jurisdiccional de los conflictos de trabajo.
CAPÍTULO III. Ámbito sustantivo del orden social de la jurisdicción.
CAPÍTULO IV. Ámbito territorial y funcional del orden social de la jurisdicción.
CAPÍTULO V. Falta de jurisdicción o competencia, conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia.
CAPÍTULO VI. Abstención y recusación de jueces, magistrados y demás funcionarios judiciales.
CAPÍTULO VII. El proceso laboral, instrumento de la solución jurisdiccional de los conflictos de orden social.
CAPÍTULO VIII. Partes del proceso laboral.
CAPÍTULO IX. Régimen de las actuaciones procesales.
CAPÍTULO X. Acumulación de actuaciones procesales.
CAPÍTULO XI. Intentos de solución extrajudicial del litigio.
PARTE II. PROCESO ORDINARIO Y OTRAS MODALIDADES PROCESALES.
CAPÍTULO XII. Iniciación del proceso ordinario. La demanda.
CAPÍTULO XIII. Actos de conciliación y juicio.
CAPÍTULO XIV. La sentencia.
CAPÍTULO XV. Procesos sobre despidos y sanciones y sobre reclamación al estado de salarios de tramitación.
CAPÍTULO XVI. Procesos sobre despidos y sanciones y sobre reclamación al estado de salarios de tramitación.
CAPÍTULO XVII. Procesos sobre extinción del contrato por causas objetivas, por despido colectivo y otras causas de extinción.
CAPÍTULO XVIII. Procesos sobre vacaciones, materia electoral, clasificaciones profesionales, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente.
CAPÍTULO XIX. Procesos en materia de Seguridad Social.
CAPÍTULO XX. Procedimiento de oficio y para la impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales.
CAPÍTULO XXI. Procesos sobre conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos e impugnación de estatutos sindicales.
CAPÍTULO XXII. Procesos sobre tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
PARTE III. LOS RECURSOS EN EL PROCESO LABORAL.
CAPÍTULO XXIII. Proceso laboral y derecho al recurso.
CAPÍTULO XXIV. Recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos.
CAPÍTULO XXV. Recurso de suplicación: configuración y motivos.
CAPÍTULO XXVI. Recurso de suplicación: resoluciones impugnables.
CAPÍTULO XXVII. Recurso de suplicación: tramitación del recurso.
CAPÍTULO XXVIII. Recurso de casación: delimitación y motivos.
CAPÍTULO XXIX. Recurso de casación y análogo: resoluciones impugnables y tramitación.
CAPÍTULO XXX. Recurso de casación para la unificación de doctrina: delimitación y motivos.
CAPÍTULO XXXI. Recursos de casación para la unificación de doctrina: sentencias contrastadas y procedimiento.
CAPÍTULO XXXII. Disposiciones comunes a suplicación y casación.
CAPÍTULO XXXIII. Otros recursos ante el tribunal supremo.
PARTE IV. LA EJECUCIÓN EN EL PROCESO LABORAL.
CAPÍTULO XXXIV. El proceso de ejecución social.
CAPÍTULO XXXV. Los presupuestos procesales de la ejecución.
CAPÍTULO XXXVI. Los sujetos de la ejecución social.
CAPÍTULO XXXVII. El objeto de la actividad ejecutiva.
CAPÍTULO XXXVIII. La actividad ejecutiva.
CAPÍTULO XXXIX. Las crisis procesales en la ejecución.
CAPÍTULO XL. Ejecución de sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo.
CAPÍTULO XLI. La ejecución dineraria de sentencias firmes: reglas generales.
CAPÍTULO XLII. La ejecución dineraria de sentencias firmes: el embargo de bienes.
CAPÍTULO XLIII. La ejecución dineraria de sentencias firmes: la realización de los bienes embargados.
CAPÍTULO XLIV. La ejecución dineraria de sentencias firmes: el pago a los acreedores.
CAPÍTULO XLV. Ejecución de sentencias firmes por despido.
CAPÍTULO XLVI. Ejecución de sentencias frente a entes públicos.
CAPÍTULO XLVII. La ejecución provisional de sentencias recurridas.
Esta novena edición actualiza la obra incorporando las importantes innovaciones normativas producidas desde la anterior edición sobre todo por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social; por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
