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El estudio de la normativa especifica sobre los derechos de participacion de los trabajadores en el vigente sistema español de relaciones laborales es una tarea dotada de una innegable complejidad, señaladamente por estas dos razones: la diversidad de los intereses implicados y la multiplicidad de las reformas normativas ex perimentadas en los ultimos años. Pero al margen de esta topica y generica constatacion, no resulta discutible la importancia, en el doble plano de la construccion teorica y de la aplicacion practica, del analisis de esa normativa con vistas a poder elaborar juicios fundamentados sobre el verdadero alcance de estos derechos en los procesos de reestructuracion empresarial.Desde una perspectiva estrictamente formal, puede convenirse que, hasta la reforma de 2007, tanto el regimen juridico general de los derechos de informacion y consulta como los regimenes especificos, reguladores de los mismos en las distintas medidas susceptibles de ser adoptadas en los procesos de reestructuracion empresarial, vinieron disfrutando, acaso con la unica excepcion de la transmision de empresa, de una notable estabilidad normativa. Este concreto bloque normativo logro mantenerse extramuros de los constantes cambios legislativos, pudiendose ejercitar los mencionados derechos conforme a criterios consolidados. Por lo demas y precisamente, este sosiego legislativo posibilito una sucesiva y coordinada serie de estudios doctrinales, todos los cuales vinieron apreciando los rasgos positivos de nuestro modelo de participacion, asi como sus limitaciones y carencias.