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La estrecha relación existente entre el crecimiento económico y la eficacia del sistema judicial es continuamente destacada por las más relevantes organizaciones económicas internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos o el Banco Central Europeo. El sistema judicial debe ser pues eficaz, esto es, intentar obtener la respuesta más acertada en el mínimo tiempo posible. Pero, como servicio público que es, la justicia no sólo debe ser eficaz, sino también eficiente, es decir, capaz de conseguir sus fines con la máxima optimización de recursos, y a la vez transparente, generando la máxima confianza posible entre todos los stakeholders, sean ciudadanos, empresas e instituciones nacionales o potenciales inversores extranjeros.