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Una aproximación al problema de la extranjería, desde el enfoque de derechos fundamentales, asegura al operador jurídico un acercamiento más respetuoso con el Titulo I de la Constitución, y con los tratados de derechos humanos firmados y ratificados por España.
Y le facilita estrategias de litigio adicional, tendentes a mejor asegurar la protección de los migrantes que son, ante todo, personas en situación de especial vulnerabilidad.