EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA DE L. LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTOCOLMO. X PREMIO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN S - Tecno-Libro

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Abreviaturas.
Introducción.

Capítulo I. EL PROCESO PENAL Y LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES.
Capítulo II. ANTECEDENTES: DE LOS PRIMEROS INTENTOS A LA FALLIDA PROPUESTA DE DECISIÓN MARCO DE 2004.
Capítulo III. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL. LA COMPETENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA REGULAR DERECHOS Y GARANTÍA PROCESALES PENALES COMO MEDIO PARA ALCANZAR UN ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA.
Capítulo IV. ESTADO ACTUAL Y GRADO DE DESARROLLO DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE 2009: LAS DIRECTIVAS YA APROBADAS.
Capítulo V. LAS NUEVAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN EN MATERIA DE DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES. LOS DERECHOS Y GARANTÍAS RECONOCIDOS EN OTRAS NORMAS, AL MARGEN DEL PLAN DE TRABAJO DE 2009.

Conclusiones.
Bibliografía.

Esta obra es el resultado de una investigación galardonada con el X Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía 2016.

Tiene por objeto el estudio de la regulación de los derechos y garantías procesales penales que se está llevando a cabo en la UE, fundamentalmente, a partir del Plan de trabajo de 2009, asumido por el Consejo e incorporado al Plan de Estocolmo de 2009 que establecía un calendario plurianual de medidas para avanzar en la consecución de un verdadero Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. De este modo, se analiza en ella el proceso de aproximación de las legislaciones sobre derechos y garantías procesales penales en la UE, herramienta necesaria para aumentar la confianza recíproca entre las autoridades judiciales de los distintos Estados.

En este sentido, los autores abordan con una marcada dimensión práctica, la evolución y desarrollo actual de la cooperación judicial penal en la UE, cuya base fundamental es el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

Asimismo, se hace un análisis jurídico, de la adopción de normas mínimas sobre determinados elementos del proceso penal, entre ellas, las relativas a los derechos y garantías de los sospechosos y acusados.