EL PROCESO CIVIL INGLÉS - Tecno-Libro

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PRÓLOGO.
Prof. Dr. D. Julio Banacloche Palao

PARTE PRIMERA
NORMAS BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL Y DEL PROCESO

CAPÍTULO I
FUENTES DEL DERECHO PROCESAL Y EL OVERRIDING OBJETIVE

1. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL.
1.1. Introducción .
1.2. La ley como fuente principal.
1.3. La doctrina del precedente: case law.
1.4. Las directrices prácticas y las guías de los tribunales.
1.5. La competencia inherente .
2. EL OVERRIDING OBJECTIVE.

CAPÍTULO II
SUJETOS Y OBJETO DEL SISTEMA LEGAL INGLÉS

1. LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES.
2. EL ÓRGANO JUDICIAL.
2.1. Introducción.
2.2. Nombramiento.
2.3. Competencia y deber de independencia.
3. EL JURADO.
4. EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LETRADA.
5. LAS PARTES DEL PROCESO CIVIL.
5.1. Las partes.
5.2. La representación de las partes en el proceso.
5.3. La legitimación.
5.4. La pluralidad de partes y los terceros en el proceso.
5.5. El fallecimiento de una de las partes.
6. EL OBJETO DEL PROCESO CIVIL.
6.1. Los sujetos.
6.2. El petitum.
6.3. La causa de pedir .
7. EL PROCESO CON PLURALIDAD DE OBJETOS. LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS .

CAPÍTULO III
LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES INGLESES

1. LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES INGLESES.
1.1. Introducción.
1.2. El Reglamento 44/2001.
1.3. Los criterios tradicionales de atribución de competencia internacional.
2. LOS CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN.
2.1. La doctrina del forum non conveniens en Inglaterra.
2.2. Las anti-suit injunctions.
3. LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES.
3.1. La jurisdicción por razón del objeto.
3.2. Los Magistrates Courts.
3.3. El County Court.
3.4. El High Court of Justice.
3.5. La concurrencia de competencia entre el High Court y el County Court.
3.6. Inicio del proceso en un tribunal equivocado.
4 LA JURISDICCIÓN DEL COURT OF APPEAL Y DEL SUPREME COURT.
5 MECANISMOS PARA LA IMPUGNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN O COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

CAPÍTULO IV
LOS COSTES DEL PROCESO Y LA PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES

1. LOS COSTES ASOCIADOS AL LITIGIO.
2. FORMAS DE SUFRAGAR LOS COSTES DEL PROCESO.
2.1. Los seguros.
2.2. La financiación privada.
3. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA
3.1. Concepto, fundamento y regulación.
3.2. Derecho de asistencia jurídica gratuita.
3.3. Requisitos subjetivos y objetivos para su concesión.
3.4. El procedimiento para su obtención.
4. LA PRESCRIPCIÓN.
4.1. Concepto de prescripción.
4.3. El cálculo de los plazos de prescripción
4.4. Las reclamaciones no reguladas por la Limitation Act.
4.5. Los plazos de prescripción conforme al Derecho Internacional Privado.


PARTE SEGUNDA
EL PROCEDIMIENTO CIVIL DECLARATIVO

CAPÍTULO V
EL INICIO DEL PROCESO: LA DEMANDA

1. LAS ACTUACIONES PREVIAS AL PROCESO.
2. LOS STATEMENTS OF CASE.
3. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA.
3.1. Contenido y forma de la demanda.
3.2. Escrito de pretensiones o pormenorización de la demanda: particulars of claim.
3.3. La interposición de la demanda.
4. LA MODIFICACIÓN DE LOS STATEMENTS OF CASE.
5. OTRAS FORMAS DE INICIO DEL PROCESO: PART 8 CLAIMS.
6. NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL RESTO DE DOCUMENTOS .
6.1. Notificación del escrito de demanda.
6.2. Métodos de notificación.
6.3. Notificación del resto de documentos.
7. NOTIFICACIÓN FUERA DE LA JURISDICCIÓN.

CAPÍTULO VI
POSIBLES CONDUCTAS DEL DEMANDADO ANTE LA DEMANDA

1. FALTA DE COMPARECENCIA Y REBELDÍA DEL DEMANDADO.
1.1. La sentencia en rebeldía.
1.2. La anulación de la sentencia en rebeldía.
2. LA COMPARECENCIA DEL DEMANDADO.
2.1. El allanamiento.
2.2. El acknowledgement of service.
2.3. La contestación a la demanda.
3. LAS DEMANDAS ADICIONALES:
PART 20 CLAIMS.
3.1. Introducción.
3.2. La demanda reconvencional.
3.3. Las demandas por indemnity o contribution.

CAPÍTULO VII
LA GESTIÓN DEL PROCESO: LAS VÍAS PROCESALES

1. EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE UNA VÍA PROCESAL.
2. LOS TIPOS DE VÍAS PROCESALES.

CAPÍTULO VIII
LA PRUEBA

1. CONSIDERACIONES GENERALES .
1.1. Introducción.
1.2. Los requisitos de admisión.
2. LA CARGA DE LA PRUEBA.
3. EL DISCLOSURE.
3.1. Concepto, fundamento y características.
3.2. El deber de disclosure.
3.3. El disclosure previo al inicio del proceso.
3.4. El disclosure y los terceros.
3.5. El incumplimiento del deber de disclosure.
4. LOS MEDIOS DE PRUEBA.
4.1. Los medios de prueba reales.
4.2. Los medios de prueba personales.
4.2.1. La prueba testifical.
4.2.2. Las declaraciones juradas 4.2.3. Los testimonios indirectos.
4.2.4. Los informes periciales.

CAPÍTULO IX
LA TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO

1. LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN.
1.1. Introducción.
1.2. Procedimiento para la solicitud de desestimación.
2. EL PROCESO SUMARIO.
2.1. Introducción.
2.2. Procedimiento para la solicitud del proceso sumario.
3. EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN.
4. EL ALLANAMIENTO.

CAPÍTULO X
EL JUICIO

1. CONSIDERACIONES GENERALES.
2. LA INTIMACIÓN JUDICIAL DE TESTIGOS
3. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN JUICIO.
4. LA SUSPENSIÓN.
5. LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO.
6. LA REPRESENTACIÓN DE LAS PARTES: LOS MACKENZIE FRIENDS.
7. LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO.
8. LAS RESOLUCIONES PROCESALES.
8.1. Introducción.
8.2. Forma y eficacia de las resoluciones procesales.
8.3. Principio de invariabilidad de las resoluciones procesales.

CAPÍTULO XI
LAS COSTAS

1. CONSIDERACIONES GENERALES.
2. LA GESTIÓN DE LAS COSTAS:
EL PRECEDENT H.
3. LA LIMITACIÓN JUDICIAL DE LAS COSTAS.
4. LA VALORACIÓN DE LAS COSTAS.
5. EL PRONUNCIAMIENTO EN COSTAS: BASES PARA SU VALORACIÓN.
6. EL PRINCIPIO INDEMNIZATORIO.
7. LAS WASTED COSTS ORDERS.
8. LA PART 36 OFFER.
8.1. Consideraciones Generales.
8.2. Requisitos de las Part 36 Offers. 8.3. La aceptación.
8.4. La retirada y modificación.
8.5. Las consecuencias en materia de costas.


CAPÍTULO XII
LA APELACIÓN

1. CONSIDERACIONES GENERALES.
2. EL SISTEMA DE APELACIÓN.
3. LA AUTORIZACIÓN PREVIA.
4. LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN.
5. POSIBILIDAD DE REABRIR LA APELACIÓN.
6. LA PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA.
7. EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL SUPREME COURT.

PARTE TERCERA
LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA EJECUCIÓN

CAPÍTULO XIII
LAS MEDIDAS CAUTELARES

1. LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.
1.1. Introducción.
1.2. Las medidas cautelares previa notificación al demandado.
1.3. Las medidas cautelares sin notificación al demandado.
1.4. La decisión sobre las medidas cautelares.
2. LAS MEDIDAS CAUTELARES CONMINATORIAS.
2.1. Consideraciones generales.
2.2. El procedimiento para su solicitud.
2.3. Los requisitos para su adopción.
2.4. La decisión judicial.
3. LOS PAGOS CAUTELARES.
4. LA GARANTÍA PARA CUBRIR LAS COSTAS.
5. EL EMBARGO PREVENTIVO.
5.1. La naturaleza de las freezing injunctions.
5.2. Las worldwide freezing injunctions.
6. LAS SEARCH ORDERS.

CAPÍTULO XIV
LA EJECUCIÓN

1. LA TUTELA EJECUTIVA.
2. LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
3. LA EJECUCIÓN DE CONDENA DINERARIA.
3.1. La ejecución de bienes muebles.
3.2. Las Third Party Debt Orders.
3.3. El embargo de la nómina.
4. LAS CHARGING ORDERS.
5. LA EJECUCIÓN DE CONDENAS NO DINERARIAS.
6. EL NOMBRAMIENTO DE UN ADMINISTRADOR.
7. LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EXTRANJERAS.



PARTE CUARTA
LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CAPÍTULO XV
LOS ADR. LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN

1. INTRODUCCIÓN.
2. LA CONCILIACIÓN.
3. LA MEDIACIÓN.
4. LOS ADR Y LOS TRIBUNALES.

CAPÍTULO XVI
EL ARBITRAJE

1. EL ARBITRAJE COMO MEDIO PRIVADO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.
2. EL CONVENIO ARBITRAL.
2.1. La validez del convenio arbitral.
2.2. Los efectos del convenio arbitral
3. LOS ÁRBITROS.
3.1. Nombramiento y aceptación.
3.2. La sustitución del árbitro.
4. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL.
4.1. La regulación del proceso.
4.2. La colaboración y supervisión de los tribunales nacionales.
5. EL LAUDO ARBITRAL.
5.1. Contenido y requisitos del laudo.
5.2. Los efectos del laudo en la jurisdicción del tribunal arbitral.
6. LA IMPUGNACIÓN Y APELACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL.
6.1. La apelación del laudo.
6.2. La impugnación del laudo.
6.3. Las consecuencias de la apelación e impugnación del laudo.
7. EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL.
7.1. El procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo.
7.2. La ejecución de los laudos nacionales.
7.3. La ejecución de los laudos extranjeros.

BIBLIOGRAFÍA

Es costumbre en la política española aludir a «la similar regulación de los países de nuestro entorno» para justificar reformas legislativas orgánicas o procesales polémicas, de forma que así se zanje cualquier debate que pretenda plantearse en relación con ellas. Por supuesto, quien esgrime tal argumento no suele aportar datos concretos sobre las normas extranjeras, ni explica los aspectos favorables o desfavorables que el sistema pretendido pueda conllevar, sino que de forma apodíctica defiende que lo nuevo es bueno porque «se parece» a lo de fuera, aunque realmente no se conozca cómo funciona tal modelo donde está implantado y, lo que es más grave, ni siquiera se sepa si lo propuesto se parece a lo foráneo.

Que tal planteamiento pueda realizarse con total impunidad se debe a la ausencia de obras que nos trasladen, en lenguaje y categorías que nos resulten familiares, los sistemas e instituciones procesales de otros países. Esta es una laguna como también sucede al contrario: apenas hay traducciones de obras o manuales españoles para su conocimiento fuera de nuestras fronteras que los libros como el que aquí se presenta vienen a colmar.

La profesora Mercedes de Prada Rodríguez y el abogado Roberto Muñoz Rojo han realizado varias estancias en Inglaterra para conocer de primera mano cómo funciona allí el proceso civil. Lo que comenzó siendo un estudio centrado en la ejecución y las medidas cautelares, insertado dentro de un Proyecto de Investigación y Desarrollo (DER2011-28188) que dirijo, se extendió al conjunto de los procedimientos civiles (e incluso a los sistemas ADR), y como consecuencia de ese esfuerzo, se ha terminado aportando a la comunidad jurídico-procesal un espléndido instrumento para conocer la organización y el funcionamiento del sistema procesal civil inglés en toda su amplitud. Y lo han realizado no a través de la traducción de un manual inglés al uso, como podrían haber hecho, sino construyendo una obra propia en la que adaptan las instituciones británicas a la sistemática española, para que sea más fácilmente comprensible para el lector español.

Como resulta lógico en una obra de estas características, la mayor parte de su contenido es más de tipo descriptivo que valorativo; pero en muchas ocasiones se exponen también las críticas que los propios juristas ingleses han dirigido a la operatividad de alguna de sus instituciones. El detalle con que se desarrollan las diferentes figuras no sólo permite al lector comparar éstas con sus homólogas hispanas, sino que le aporta por medio de notas a pie de página referencias doctrinales y jurisprudenciales que le pueden servir para completar la información que se le ofrece (lo que resulta de extraordinario valor, porque aunque a la mayoría de las resoluciones judiciales se puede acceder por internet, lo difícil suele ser localizar la sentencia clave, y eso es lo que facilitan los autores).

Por otro lado, el estudio que el libro realiza sobre algunas materias vinculadas a la función jurisdiccional y al proceso debería servir para que nuestros gobernantes se replanteen justificadamente determinadas novedades que se pretenden incorporar al sistema español. Estoy pensando en el Anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de abril de 2014, que, entre otras medidas, pretende instaurar en España la vinculación del precedente, al modo de lo que sucede en los países anglosajones. Esta decisión, además de alterar el sistema de fuentes actualmente existente, desconoce los graves problemas que se plantean en los países donde aquélla funciona: por mucho que su fundamento sea laudable (intentar dar la misma respuesta a problemas idénticos, asegurando así la igualdad en la aplicación de la ley y protegiendo la seguridad jurídica), las dificultades que plantea son tan importantes (en relación con la determinación de la identidad de los casos en cuestión, la petrificación de la doctrina, la injusticia de su aplicación al caso concreto, la modificación del precedente por el propio órgano que lo dictó, etc.) que, en la actualidad, se encuentra notablemente cuestionada allí donde funciona.

Una de las cosas que más llama la atención del proceso civil inglés, tal y como aparece reflejado en la obra que aquí se prologa, es su construcción sobre la base de tres reglas esenciales: la probidad en la actuación de las partes y sus representantes, la libertad del juez en la toma de decisiones procesales y la formalización del procedimiento (en el sentido de funcionar por impresos normalizados). Respecto de la primera, todo el sistema procesal inglés parte de la base de que los abogados (y los litigantes) se comprometen a ser leales con sus contrapartes, como una exigencia derivada de las normas de deontología profesional (véase la regulación del sistema del disclosure y reflexiónese sobre si sería aplicable en nuestro país); por eso cualquier falsedad, ocultación o fraude es severamente castigada, lo que ya podría suceder en nuestro país, donde el art. 247 LEC, que consagra el respeto a la buena fe procesal, apenas si ha sido estrenado por los tribunales.

En segundo lugar, muchas cuestiones procesales pueden ser o no admitidas en el procedimiento en función de las circunstancias del caso concreto (especialmente en materia probatoria), y ello porque se confía en el buen criterio del juzgador. No obstante, el establecimiento de algo similar entre nosotros podría resultar muy peligroso, máxime cuando en los últimos tiempos se aprecia una tendencia creciente de los Jueces a inventarse o ignorar trámites o a contralegislar en lo sustantivo y en lo procesal en función de sus ideas o preferencias; por tanto, cuanto más clara esté la actuación que debe seguirse según la ley, mejor.

Por último, el procedimiento se articula a base de cumplimentar diversos impresos y formularios, que van redireccionando el proceso en función de las opciones elegidas. Esto facilita la claridad en la tramitación, pero también podría ser contraproducente en nuestro sistema, habida cuenta el empeño de las últimas reformas en administrativizar el procedimiento judicial, lo que sería aún más palmario si cada trámite tuviera su formulario oficial.
En definitiva, no todo lo ajeno ha de ser válido para nosotros, por más que conocerlo nos permita perfeccionar nuestra regulación; y en lo que coincidimos o resulta aplicable, hay que profundizar en la experiencia foránea para ver en qué medida puede importarse a nuestra práctica forense. Eso es prudentia iuris, de la que a veces estamos tan ayunos.
IV.??Como se puede observar de todo lo dicho hasta ahora, el libro no puede ser de mayor actualidad. Por eso se puede afirmar que nos encontramos ante una obra de excepcional interés no sólo para los estudiosos del Derecho Procesal comparado, sino para todo jurista que quiera conocer cómo funciona el proceso civil en Inglaterra y cómo se resuelven problemas que también se plantean entre nosotros.

De su lectura, además, podrán extraer algunas conclusiones que vendría bien que siempre se tuvieran presentes, especialmente los gobernantes y legisladores: 1) que los problemas jurídicos son muy parecidos en todos los países; 2) que algunas soluciones son adecuadas para un sistema o modelo concreto, pero no para otros; y 3) que, en todo caso, resulta prudente conocer el contenido concreto de tales soluciones, para ver si pueden o no amoldarse a la propia cultura jurídica y producir en ella los resultados apetecidos. Así evitaremos que se nos intente dar «gato por liebre», y dispondremos de criterio para aceptar o rechazar las reformas que se nos ofrecen como pretendidamente exitosas fuera de nuestras fronteras.