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Prólogos.
ANTECEDENTES DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
Ley de 11 de febrero de 1881, autorizando al Gobierno para que redacte y publique una Ley de Enjuiciamiento criminal, tomando por base la compilación de 1879 y las adjuntas, y autorizando igualmente al Gobierno para establecer los Tribunales de partido que hayan de conocer las causas criminales.
Ley de 15 de junio de 1882, modificando la segunda autorización concedida en la anterior (Ley de 11 de febrero de 1881) y facultando en su lugar al Gobierno para establecer los Tribunales colegiados con el nombre de Audiencias de lo criminal y el juicio que se acompañan.
Exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio.
Real Orden de 14 de septiembre de 1882, por la que se dan las gracias a la sección segunda de la Comisión de Codificación.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.
Libro I. Disposiciones generales.
Título I. Preliminares.
Capítulo I. Reglas generales.
Capítulo II. Cuestiones prejudiciales.
Título II. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal.
Capítulo I. De las reglas por donde se determina la competencia.
Capítulo II. De las cuestiones de competencia entre los Jueces y Tribunales ordinarios.
Capítulo III. De las competencias negativas y de las que se promueven con Jueces o Tribunales especiales y de los recursos de queja contra las autoridades administrativas.
Título III. De las recusaciones y excusas de los Magistrados, Jueces, Asesores y Auxiliares de los Juzgados y Tribunales y de la abstención del Ministerio Fiscal.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Capítulo II. De la sustanciación de las recusaciones de los Jueces de instrucción y de los Magistrados.
Capítulo III. De la sustanciación de las recusaciones de los Jueces municipales.
Capítulo IV. De la recusación de los auxiliares de los Juzgados y Tribunales.
Capítulo V. De las excusas y recusaciones de los Asesores.
Capítulo VI. De la abstención del Ministerio fiscal.
Título IV. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos y faltas.
Título V. Del derecho de defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales.
Título VI. De la forma de dictar resoluciones y del modo de dirimir las discordias.
Capítulo I. De las resoluciones procesales.
Capítulo II. Del modo de dirimir las discordias.
Título VII. De las notificaciones, citaciones y emplazamientos.
Título VIII. De los suplicatorios, exhortos y mandamientos.
Título IX. De los términos judiciales.
Título X. De los recursos contra las resoluciones procesales.
Capítulo I. De los recursos contra las resoluciones de los Jueces y Tribunales.
Capítulo II. Del recurso de revisión contra las resoluciones de los Secretarios judiciales.
Título XI. De las costas procesales.
Título XII. De las obligaciones de los Jueces y Tribunales relativas a la estadística judicial.
Título XIII. De las correcciones disciplinarias.
Libro II. Del sumario.
Título I. De la denuncia.
Título II. De la querella.
Título III. De la Policía judicial.
Título IV. De la instrucción.
Capítulo I. Del sumario y de las autoridades competentes para instruirlo.
Capítulo II. De la formación del sumario.
Título V. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente.
Capítulo I. De la inspección ocular.
Capítulo II. Del cuerpo del delito.
Capítulo II bis. De la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales.
Capítulo III. De la identidad del delincuente y de sus circunstancias personales.
Capítulo IV. De las declaraciones de los procesados.
Capítulo V. De las declaraciones de los testigos.
Capítulo VI. Del careo de los testigos y procesados.
Capítulo VII. Del informe pericial.
Título VI. De la citación, de la detención y de la prisión provisional.
Capítulo I. De la citación.
Capítulo II. De la detención.
Capítulo III. De la prisión provisional.
Capítulo IV. Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado y del tratamiento de los detenidos y presos.
Título VII. De la libertad provisional del procesado.
Título VIII. De la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica.
Título IX. De las fianzas y embargos.
Título X. De la responsabilidad civil de terceras personas.
Título XI. De la conclusión del sumario y del sobreseimiento.
Capítulo I. De la conclusión del sumario.
Capítulo II. Del sobreseimiento.
Título XII. Disposiciones generales referentes a los anteriores títulos.
Libro III. Del juicio oral.
Título I. De la calificación del delito.
Título II. De los artículos de previo pronunciamiento.
Título III. De la celebración del juicio oral.
Capítulo I. De la publicidad de los debates.
Capítulo II. De las facultades del Presidente del Tribunal.
Capítulo III. Del modo de practicar las pruebas durante el juicio oral.
Capítulo IV. De la acusación, de la defensa y de la sentencia.
Capítulo V. De la suspensión del juicio oral.
Libro IV. De los procedimientos especiales.
Título I. Del modo de proceder cuando fuere procesado un Senador o Diputado a Cortes.
Título II. Del procedimiento abreviado.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Capítulo II. De las actuaciones de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal.
Capítulo III. De las diligencias previas.
Capítulo IV. De la preparación del juicio oral.
Capítulo V. Del juicio oral y de la sentencia.
Capítulo VI. De la impugnación de la sentencia.
Capítulo VII. De la ejecución de sentencias.
Título III. Del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.
Capítulo I. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. De las actuaciones de la Policía Judicial.
Capítulo III. De las diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia.
Capítulo IV. De la preparación del juicio oral.
Capítulo V. Del juicio oral y de la sentencia.
Capítulo VI. De la impugnación de la sentencia.
Título IV. Del procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares.
Título V. Del procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de publicación.
Título VI. Del procedimiento para la extradición.
Título VII. Del procedimiento contra reos ausentes.
Libro V. De los recursos de apelación, casación y revisión.
Título I. Del recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos.
Título II. Del recurso de casación.
Capítulo I. De los recursos de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma.
Capítulo II. De los recursos de casación por quebrantamiento de forma.
Capítulo III. De la interposición, sustanciación y resolución del recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma.
Capítulo IV. Del recurso de casación en las causas de muerte.
Título III. Del recurso de revisión.
Libro VI. Del procedimiento para el juicio sobre faltas.
Esta edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge su texto actualizado (con las modificaciones introducidas por la Ley de Agilización Procesal). La norma, que se presenta cumplidamente anotada y concordada, contiene una tabla de disposiciones que han modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como las últimas disposiciones que introducen modificaciones, y aquellas normas más importantes que complementan el texto de la Ley procesal penal, entre ellas:
Ley reguladora del ejercicio de la gracia de indulto; Ley de competencia para conocer de las causas contra Senadores y Diputados; Ley Orgánica reguladora del procedimiento de habeas corpus.
Leyes de extradición pasiva; de protección a testigos y peritos en causas criminales, y de Asistencia Jurídica Gratuita.
Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Leyes Orgánicas de Protección de la Seguridad Ciudadana; de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de utilización de videocámaras en lugares públicos.
Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores.
Leyes de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo
Leyes sobre la orden europea de detención y entrega; para la eficacia en la UE de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales; para la ejecución en la UE de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y de resoluciones judiciales de decomiso.
En apéndice se incorpora la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
