MANUAL DE DERECHO URBANISTICO.. DOCTRINA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA. 7ª EDICION - Tecno-Libro

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ABREVIATURAS UTILIZADAS
PRÓLOGO A LA SÉPTIMA EDICIÓN

PRIMERA PARTE
PARTE GENERAL
CAPÍTULO I
El derecho urbanístico: concepto y contenido
Evolución histórica y situación actual
1. El Derecho Urbanístico en España: evolución histórica
2. El Derecho Urbanístico: concepto y contenido
3. El problema competencial en el Derecho Urbanístico: Situación actual tras la sentencia núm. 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional
3.1. Los títulos competenciales
3.1.1. La competencia sobre urbanismo
3.1.2. Delimitación negativa y positiva de la competencia del art. 149.1 Constitución
3.1.3. Contenido o significado de las «condiciones básicas»
3.2. Los preceptos de aplicación supletoria
4. Legislación estatal y legislación urbanística autonómica. Especial referencia a la ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y al Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba su texto refundido (TR/08)

CAPÍTULO II
El estatuto jurídico de la propiedad urbanística
1. El estatuto jurídico de la propiedad urbanística .
2. Las facultades y deberes urbanísticos en las distintas clases de suelo: clasificación y situaciones básicas del suelo. El derecho a la transformación urbanística del suelo
2.1. La clasificación urbanística del suelo y las situaciones en que puede encontrarse el suelo a los efectos del TR/08
2.1.1. La situación de suelo rural
2.1.2. La situación de suelo urbanizado
2.2. Facultades y deberes urbanísticos en las distintas clases de suelo
2.2.1. Derechos y deberes los propietarios en suelo urbano
2.2.2. Derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable
2.2.2.1. Derechos
2.2.2.2. Deberes
3. La atribución del aprovechamiento urbanístico por el planeamiento y aprovechamiento susceptible de propiación privada
3.1. Régimen general (supletorio) aplicable a las Comunidades sin normativa específica propia y a las Ciudades de Ceuta y Melilla
3.2. Comunidades con normativa específica
3.2.1. Andalucía
3.2.2. Aragón
3.2.3. Asturias
3.2.4. Canarias
3.2.5. Cantabria
3.2.6. Castilla-La Mancha
3.2.7. Castilla y León
3.2.8. Cataluña
3.2.9. Extremadura
3.2.10. Galicia
3.2.11. La Rioja
3.2.12. Madrid
3.2.13. Murcia
3.2.14. Navarra
3.2.15. País Vasco
3.2.16. Valencia

CAPÍTULO III
El planeamiento urbanístico
1. El planeamiento urbanístico
2. Tipología de los Planes
3. Principios de jerarquía y competencia en los Planes de urbanismo
4. Naturaleza jurídica de los Planes de urbanismo. La inderogabilidad singular de los reglamentos: nulidad de las reservas de dispensación
5. La potestad de planeamiento. El ius variandi

SEGUNDA PARTE
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL
CAPÍTULO IV
El planeamiento general (I)
1. El planeamiento general
2. El Plan General de Ordenación Urbana
2.1. Concepto
2.2. Contenido
2.3. Clasificación y régimen jurídico del suelo
2.3.1. Suelo urbano. El criterio de la integración en la malla urbana y de los servicios adecuados
2.3.2. Suelo urbanizable
2.3.3. Suelo no urbanizable
2.5. Determinaciones de carácter general

CAPÍTULO V
El Plan General de Ordenación Urbana (II)
2.6. Suelos dotacionales
2.6.1. Concepto
2.6.2. Obtención
2.6.2.1. Sistemas generales
2.6.2.2. Sistemas locales
2.7. Determinaciones en suelo urbano
2.8. Determinaciones en suelo urbanizable programado
2.9. El deber de reserva de suelo para vivienda protegida
2.10. Las técnicas de equidistribución: el aprovechamiento medio y el aprovechamiento tipo
2.10.1. El aprovechamiento medio
2.10.2. Las áreas de reparto y el aprovechamiento tipo
2.11. Determinaciones en suelo urbanizable no programado
2.12. Determinaciones en suelo no urbanizable
2.13. Régimen de los Municipios sin Plan de ordenación: los estándares urbanísticos
3. Documentación del Plan General
3.1. Municipios pertenecientes a Comunidades Autónomas con normativa urbanística propia
3.2. Régimen general (supletorio) aplicable a las Comuniddes sin normativa específica propia y a las ciudades de Ceuta y Melilla
3.3. El programa de actuación del Plan General
3.4. El estudio económico-financiero
4. Aprobación del Plan General
4.1. Aprobación inicial
4.2. Aprobación provisional
4.3. Aprobación definitiva
4.3.1. Régimen general
4.3.2. Especial referencia a las Ciudades de Ceuta y Melilla
4.3.3. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio de Defensa o al uso de las fuerzas armadas
4.4. Publicación, notificación y recursos
4.5. Aprobación por silencio administrativo. Sus límites

CAPÍTULO VI
Las Normas Complementarias y Subsidiarias del planeamiento.
Los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano.
Instrumentos de planeamiento general de creación autonómica
5. Las Normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento
5.1. Significado y naturaleza
5.2. Objeto
5.3. Determinaciones
5.3.1. De las Normas Complementarias del Planeamiento
5.3.2. De las Normas Subsidiarias del Planeamiento de ámbito provincial
5.3.3. De las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipales
5.3.4. Contenido de las Normas
5.3.5. Desarrollo de las Normas
5.3.6. Documentación
5.3.7. De las Normas de aplicación directa
6. Aprobación de las Normas
7. Los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano
7.1. Concepto y contenido
7.2. Naturaleza jurídica
7.3. Documentación
7.4. Límites de la edificación
8. Aprobación de los PDSU
9. Instrumentos de planeamiento general y complementarios de los mismos creados por la legislación urbanística autonómica
9.1. Los Planes de Sectorización de Madrid y Andalucía
9.2. Los Planes Directores Urbanísticos, las Normas de Planeamiento Urbanístico y los Programas de Actuación Urbanística Municipal de Cataluña
9.3. Las Normas Urbanísticas Regionales y los Planes Generales de Ordenación Urbana de los pequeños municipios de Cantabria
9.4. Otros instrumentos de planeamiento general regulados en la legislación autonómica

CAPÍTULO VII
El planeamiento de desarrollo (I):
El derecho a la transformación urbanística del suelo urbanizable.
Instrumentos para la delimitación de sectores o ambitos de actuación.
Los Planes Parciales.
Los Planes de iniciativa particular.

La sexta edición de la presente obra ya recogía las nuevas tendencias de la doctrina y de la jurisprudencia en torno a las diferencias instituciones del Derecho Urbanístico, así como los aspectos más relevantes de la actualización de la legislación autonómica y, sobre todo, las modificaciones introducidas por la Ley 8/2007 y el Real Decreto Legislativo 2/2008 respecto de la legislación básica estatal hasta entonces vigente, la Ley 6/1998, y las reformas operadas a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional.

Así, por una parte, en la mencionada edición se analizaban las previsiones de la nueva legislación de suelo desde la perspectiva de la tarea refundidora realizada por el reciente Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, que, en uso de la delegación efectuada por la de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, que vino a refundir esta Ley con lo que todavía quedaba vigente del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, simplificándose así la hasta entonces complicada tarea de la búsqueda del precepto aplicable, pues el TR/92 sólo conservaba los retales de un régimen jurídico mutilado primero por la STC 61/1997 y después por las Leyes 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, y posteriormente por la propia Ley 8/2007, ya derogada por el nuevo texto refundido.

La Ley 8/2007 declaró explícitamente en su Exposición de Motivos, y así lo hace también su texto refundido, que no es ésta una Ley urbanística sino una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al Estado. Importante matiz que intenta alejar toda duda sobre la posible vulneración de las reglas competenciales contenidas en los artículos 148 y 149 de la Constitución —que ya las SSTC 61/1997 y 164/2001, entre otras, se encargaron de recordar— por alguno de sus preceptos, como el que establece la obligación de destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a algún régimen de protección pública que como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización —art. 10.b—. Aspectos sobre los que todavía no se ha dicho la última palabra pues el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado al respecto.

El actual régimen jurídico estatal prescinde por primera vez de cualquier referencia a las clases y categorías del suelo y establece una distinción entre los dos estados básicos en que puede encontrarse el suelo según su situación actual, no la futura que pueda tener con el desarrollo del Plan. Se distinguen así las situaciones de suelo rural y suelo urbanizado, incluyéndose en el segundo sólo el que haya sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización. Esta distinción no viene a sustituir a la clásica clasificación del suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable sino que, al margen de las clases y categorías de suelo que establezca en cada caso el legislador autonómico, viene a establecer un nuevo régimen jurídico en función de la situación en que se encuentren los terrenos a los solos efectos de la nueva Ley, y concretamente a los de definir el estatuto de la propiedad del suelo, concretando los derechos y deberes de sus propietarios, y de fijar los criterios para la valoración de los terrenos, valorando lo que hay en el momento a que se refiera la valoración sin tener en cuenta las expectativas generadas por el planeamiento.

Esta y otras novedades de la Ley 8/2007 que, en su labor refundidora, se recogen hoy en el TR/08 —como lo es la ampliación del porcentaje de entrega de aprovechamiento urbanístico a la Administración con destino al Patrimonio Municipal del Suelo, que en las denominadas actuaciones de transformación urbanística pasan del cero al diez por cien de la anterior Ley a una horquilla comprendida entre el cinco y el quince por cien, a determinar por la legislación autonómica, y que puede ser incluso incrementado en determinados supuestos hasta alcanzar el veinte por ciento—, así como la evolución que la legislación urbanística autonómica ha experimentado en los últimos años, aconsejaron acometer no una simple actualización de este Manual sino la completa revisión de buena parte de las instituciones del Derecho Urbanístico que en el mismo se contemplan y analizan.
Tal labor actualizadora, que se llevó a cabo como ya se ha dicho en la anterior edición, necesita ya, pese al escaso período de tiempo transcurrido desde que la misma vio la luz —apenas dos años—, ser completada con dos nuevas leyes que afectan, por una parte, al régimen jurídico de la licencias, suprimiendo la obligación del visado colegial de los proyectos y sometiendo el ejercicio de determinadas actividades a la comunicación previa o a la declaración responsable, quedando reservado el sometimiento a autorización administrativa previa, en lo que se refiere a las actividades industriales, a los supuestos en que resulte obligada para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria y convenios internacionales; y, por otra, al régimen jurídico del silencio administrativo, que tanta trascendencia tiene en el ámbito de la licencia urbanística.

Nos estamos refiriendo a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la anterior, cuyas principales novedades, así como la referencia a la reciente doctrina legal del Tribunal Supremo en lo concerniente a la obtención de licencias urbanísticas por silencio administrativo, constituyen en esencia la razón de ser de esta nueva edición.