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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaciÒn p×blica y buen gobierno (LTE) tiene un Ämbito subjetivo de aplicaciÒn muy amplio, que incorpora no solo a la AdministraciÒn p×blica y a otros sujetos p×blicos, sino tambiÉn a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexiÒn con la AdministraciÒn. El presente trabajo estudia el derecho de acceso a la informaciÒn que los ciudadanos pueden ejercer frente a las entidades privadas del sector p×blico, las corporaciones de derecho p×blico o los sujetos puramente privados que prestan servicios p×blicos, ejercen potestades administrativas o celebran contratos con el sector p×blico. Se analizan tanto las razones que justifican la sujeciÒn de cada una de estas entidades a la transparencia como el alcance del derecho de acceso a la informaciÒn que tienen en su poder, a la luz de la copiosa doctrina jurisprudencial, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de sus homÒlogos autonÒmicos emanada desde la aprobaciÒn de la LTE.