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INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. ESTATUTO JURÍDICO DE «INVESTIGADO»
1. Derechos del «investigado». «Investigado» y «encausado»
1.1. Introducción
1.2. Nueva terminología
1.3. Las Directivas 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, y 2013/48/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre
1.4. Derechos del investigado o encausado.
2. Derecho a la interpretación y traducción en los procesos penales
CAPÍTULO II. ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO
1. Introducción
2. El concepto de “víctima del delito”
3. Transposición de la Directiva 2012/29/UE del parlamento europeo y del consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos
4. Regulación sobre las víctimas con anterioridad a la Ley 4/2015, de 27 de abril
4.1. Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
4.2. Víctimas menores de edad
4.3. Víctimas de violencia de género
4.4. Víctimas del terrorismo
5. Oficinas de asistencia a las víctimas de delitos
6. Regulación contenida en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito
6.1. Ámbito de aplicación
6.2. Derechos procesales de las víctimas
6.3. Derechos extraprocesales de las víctimas
CAPÍTULO III. MEDIDAS DE AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL
1. Modificación de las reglas de conexidad
2. Atestados relativos a delitos sin autor conocido
3. Plazos máximos para la instrucción
4. Nuevo procedimiento monitorio penal: proceso por aceptación de decreto
4.1. Introducción
4.2. Situación anterior a la reforma
4.3. Referentes en el derecho comparado: Sistemas procesales italiano y alemán
4.4. Regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
CAPÍTULO IV. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DEL DELITO
1. Introducción
2. Nuevas figuras de decomiso
3. Intervención de terceros afectados por el decomiso
4. Procedimiento de decomiso autónomo
5. La oficina de recuperación y gestión de activos
CAPÍTULO V. SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCESO PENAL RECURSO DE CASACIÓN Y RECURSO DE REVISIÓN
1. Reforma de la apelación contra sentencias: Generalización de la apelación (segunda instancia penal) y mantenimiento de una «apelación limitada»
2. Reforma de la casación
3. Reforma de la revisión de sentencias firmes
CAPÍTULO VI. MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
1. Reforma procesal penal: medidas de investigación tecnológica. Necesidad de la reforma
2. Correspondencia escrita y telegráfica. Utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos casuales
3. Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
4. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos
5. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización
6. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información
7. Registros remotos sobe equipos informáticos
8. Medidas de aseguramiento
9. Disposiciones comunes
CAPÍTULO VII. OTRAS MODIFICACIONES: PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES; OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS; MODIFICACIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
1. Procedimiento previsto para el enjuiciamiento de los delitos leves. Circular 1/2015 de la Fiscalía General del Estado
2. Oficina de recuperación y gestión de activos
3. Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
Los autores de esta obra, en el marco de una posición cercana al conocimiento del proceso de la reforma procesal penal operada por la Ley Orgánica 13/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, y por la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, ofrecen una amplia panorámica de las principales modificaciones que aquéllas introducen en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, en una adecuada síntesis, que comprende siete capítulos, referidos a las siguientes materias:
— estatuto jurídico de investigado;
— estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril);
— medidas de agilización de la justicia penal;
— recuperación de activos procedentes del delito;
— segunda instancia en el proceso penal, casación y revisión;
— medidas de investigación tecnológica;
— y otras modificaciones, como las referidas al procedimiento para el juicio sobre delitos leves.
Aunque queda pendiente, por el momento, el inicialmente anunciado cambio radical del sistema de justicia penal, con las reformas ahora aprobadas se da un paso importante hacia la deseada y necesaria transformación del proceso penal en el marco de una nueva organización judicial.
